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¿Debemos aplicar la LSSI a todos los servicios de Internet?

 

La cuestión que me planteo es que regulación debe aplicarse a los medios de comunicación, cuando estos tienen una pagina web; y qué lleva a aplicar criterios jurídicamente diferenciados, en atención al mecanismo de comunicación utilizado, es decir, el papel o internet.

La tradición jurídica de nuestro Tribunal Supremo y Constitucional se ha venido pronunciando en relación con los espacios que los periódicos -permitidme utilizar este término para referirme a lo edición física de un diario- habitan para que terceros incluyan información u opinión en los medios. Este espacio es el que se ha denominado cartas al director.

De esta forma, nuestros máximos juzgadores han reconocido que los medios de comunicación tienen que ser capaces de identificar a las personas que escriben en su apartado cartas al director; dado que en caso de que se cometa cualquier intromisión ilegitima en el honor o la intimidad de las personas, aquel que se sienta agraviado deberá poder reclamar directamente al autor del escrito. En caso de que sea imposible e identificación es el director y la empresa editora los que asumen la responsabilidad sobre el texto, como si hubiera sido redactado por un trabajador de la propia compañía.

Pues bien, esta situación que determina el deber de diligencia que deben asumir los directores y editores de los periódicos; choca con el criterio aplicable a esa misma situación si el medio de difusión no es el papel. En este caso, la aplicación del deber de diligencia a un espacio equivalente a las cartas al director en un medio físico, si se comunica a través de Internet, se sustentará en la LSSI y en la ausencia de conocimiento efectivo. Por tanto, el agraviado no podrá reclamar ya que el medio no será responsable y el autor será desconocido.

Sé que muchos estaréis pensando que muchos son los organismos nacionales y comunitarios que reconocen la imposibilidad de poner un sistema de vigilancia o control a los prestadores de servicios de internet; pero igualmente me reconoceréis, que resulta cuanto menos paradójico que un mismo comentario, que se incluya en una carta al director, si se incorpora a una edición impresa tenga un régimen jurídico completamente diferente a si se incorpora a la edición digital cuando los bienes jurídicos que se protegen son los mismos, el derecho a la libertad de opinión o información -según proceda- y los derechos al honor, intimidad y propia imagen.

Me parece increíble que la justificación sea el sistema de transmisión de la información. Creo que debemos conciliar los derechos y unificar criterios y que si bien internet debe favorecer la libertad de opinión e información, no podemos permitirnos, como sociedad, que se establezcan paraísos del insulto amparados en el anonimato.

Ojo, y que no se me interprete mal, no estoy a favor de que la red este controlada y creo en el anonimato electrónico, pero como todo, debemos saber dónde, cómo y cuándo.

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Socio- Director

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