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A propósito de la Sentencia del Tribunal Supremo sobre el interés legítimo del Responsable como título habilitante para el tratamiento de datos de carácter personal

 

A este respecto, conviene hacer ciertas precisiones: (i) el artículo 6.2 de la LOPD, origen del anulado artículo 10.2.b),  no ha sido anulado por la sentencia del Tribunal Supremo debido a cuestiones procedimentales; (ii) sigue vigente el artículo 10.2.a), en el que se recoge como título habilitante para el tratamiento de los datos la satisfacción del interés legítimo del Responsable o del cesionario amparado en una norma con rango de Ley; y (iii) el artículo 7 f) de la Directiva 95/46 es de aplicación directa y, por lo tanto, podrá alegarse la concurrencia del interés legítimo en los términos previstos en la mencionada disposición.

¿Y qué significa para las empresas esta sentencia en la práctica? Sin desmerecer la trascendencia de esta sentencia, en mi opinión las consecuencias prácticas de esta sentencia son menores que las que se han venido divulgando. Por supuesto, en nada cambia la regulación sobre el tratamiento de datos con fines de publicidad, siendo necesario el consentimiento del interesado para el envío de este tipo de comunicaciones o para la comunicación o comercialización de datos personales a otras empresas con el fin de que éstas promociones sus propios productos o servicios. Por otro lado, la mera invocación de un interés legítimo, tampoco supondrá en adelante una habilitación legal para el tratamiento de los datos por parte de las empresas. En este sentido, es clara la redacción del artículo 7 f) de la Directiva y la interpretación que de dicho precepto hace el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, en el sentido de exigir para la aplicación del interés legítimo, que se ponderen caso por caso los derechos e intereses en conflicto, para lo que se deberán tener en cuenta los derechos y libertades fundamentales de los interesados.

Por el contrario, la aplicación del interés legítimo como nuevo título habilitante podría resultar muy útil para situaciones complejas que actualmente tenían difícil encaje jurídico, como por ejemplo el tratamiento de datos con el fin de prevenir el fraude en el sector financiero, determinados tratamientos o comunicaciones de datos realizadas por las filiales españolas para cumplir con las obligaciones legales de sus empresas matrices, etc.

En resumen,  la sentencia del Tribunal Supremo sin duda es trascendente en la medida que la satisfacción de un interés legítimo del Responsable del tratamiento o del cesionario de los datos, queda claramente reconocida como título habilitante para el tratamiento de datos de carácter personal sin el consentimiento del interesado. No obstante, su aplicación no estará exenta de riesgo y resultará compleja, al menos hasta que existan precedentes suficientes sobre la interpretación que a este respecto se haga por la Agencia Española de Protección de Datos y por los tribunales competentes.

Miguel Valdés Borruey

Trebia Abogados

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